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Sobre el Diccionario Biográfico de la RAH

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¡Lo Llaman “Historia” y no lo es, no lo es!

Una nueva cultura política ha nacido cuando decenas de miles de ciudadanos hemos salido a la calle a gritar: “¡Democracia real, ya!”. Desde entonces podemos empezar a traducir muchos escándalos que nos rodean a ese nuevo lenguaje comprensible para una mayoría creciente de personas. Porque los déficits de democracia no se reducen a la representación parlamentaria sino que atraviesan otras muchas instituciones, entre ellas las que en teoría se encargan de producir conocimiento, aunque en la práctica reproducen ideología e incluso ideología contraria a los principios democráticos.

La información sobre el Diccionario Biográfico Español deja claro que la Real Academia de la Historia no está al servicio de los ciudadanos. No representa la cultura histórica de los españoles del siglo XXI, la inmensa mayoría de los cuales no tienen dudas en calificar el franquismo como una dictadura. Y tampoco representa al grueso de los historiadores profesionales, cuyo trabajo ha permitido que Juan Negrín, el último primer ministro de la Segunda República, deje de aparecer en los anales desdibujado y como un bellaco. Lo que instituciones como la RAH encarnan —como indica su selección de supuestas autoridades en la materia— es una mezcla de inercias y afinidades predemocráticas. ¡No nos representan!

Seguramente el DBE cuenta con entradas de calidad, pero otras cruciales no pueden valorarse por lo que aportan de conocimiento histórico. Lo que expresan son las opiniones de sus autores, que tienen tanto valor como las de sus vecinos del piso de arriba que no son historiadores. Así que en esto hay que hablar claro: ¡Lo llaman “Historia” y no lo es, no lo es!

Se trata además de opiniones que legitiman la masacre de decenas de miles de ciudadanos durante la Guerra Civil y la dictadura. ¿Cómo es posible que casi cuarenta años después de la muerte de Franco haya instituciones públicas que avalen relatos sobre el pasado en sintonía con valores antidemocráticos? ¡Estamos indignados!

Al igual que sucede con la ley electoral, las causas de este problema se remontan a la transición a la democracia. Tras la muerte de Franco se estableció un consenso que consideraba que el historiador, como especialista en el método científico, era la única autoridad legítima para analizar nuestro traumático pasado y corregir algunas de las tergiversaciones históricas impuestas por la dictadura, eludiendo así tenerlas que desmentir oficialmente. Desde entonces la mayoría de los profesionales de la historia han aceptado el mito tardofranquista de la “reconciliación nacional”, que califica la Guerra Civil como una “locura colectiva” y que, bajo el denominador común de “víctimas” equipara a quienes, al defender la Segunda República, forman ya parte de nuestro patrimonio democrático y a los golpistas que los reprimieron.

Entronizados como autoridad exclusiva, los historiadores han eludido en su mayoría el diálogo con otras fuentes de relatos procedentes de la sociedad civil que, aunque menos neutrales, no por ello resultan menos valiosos para asentar una cultura democrática sobre el pasado representativa y englobadora de la diversidad de las memorias colectivas presentes en España. Prisioneros de sus propias convenciones, han sido incapaces además de dotarse de una cultura de la calidad y el prestigio que limite la promoción de los menos aptos, como evidencia la selección de determinados autores del DBE. Como en tantos otros terrenos, en el del conocimiento histórico y sus instituciones ha habido transición, pero no democratización.

Es en este contexto donde cabe explicar lo sucedido recientemente con la RAH. El encargo hecho en su día por el gobierno del PP a esta institución ha revelado que en España hay autores que se identifican con visiones del pasado que en otras culturas serían acusados de negacionistas por ponderar en sus relatos a personajes históricos que violaron derechos humanos. Ellos están en su derecho de escribir lo que quieran, pero si pretendemos conseguir una democracia real es inaceptable que las instituciones públicas respalden enfoques históricos que atentan contra nuestro patrimonio democrático.

Ahora bien, no basta con denunciar este caso y pensar que el problema se evita sustituyendo a esos designados a dedo por otros nuevos “expertos” que cumplan unos supuestos estándares “científicos” y “neutrales”. Ya hemos visto lo sucedido con la Ley de Memoria Histórica: esos especialistas son escogidos por afinidad ideológica con uno de los dos grandes partidos y convocados para tomar decisiones políticas que nos afectan a todos y al futuro del pasado en nuestra cultura democrática. Tampoco basta con achacar el problema a que muchos ciudadanos desconocen “la Historia”, sobre todo la del dramático siglo XX porque no se estudia en la escuela. Esos déficits de una información sobre el pasado traumático que es inseparable de la educación en valores tienen su origen en otro problema de fondo: que los ciudadanos españoles no tenemos reconocido el derecho a participar en la construcción colectiva del pasado.

Nuestra encrucijada es cómo evitar que los expertos secuestren nuestra legítima capacidad de intervenir colectivamente en la construcción del significado del pasado. Como ha hecho el 15-M en otros terrenos, tenemos que reivindicar la democratización del conocimiento histórico, y eso pasa porque las instituciones reconozcan como interlocutores políticos a los variados agentes portadores de memoria en España. Nuestro próximo objetivo ha de ser impedir que cuatro sabios decidan el destino del Valle de los Caídos.

Sebastiaan Faber, François Godicheau, Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León, Historiadores vinculados a la Asociación Contratiempo (Historia y Memoria).

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